En el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(10 de diciembre de 1948) ¿Cómo estamos en Coahuila?
10 de diciembre del 2023
Contexto. Coahuila forma parte del Noreste de la República Mexicana y hace frontera con territorio estadounidense. La entidad produce principalmente a partir de mano de obra barata plata, automotores y autopartes para la exportación, lo cual, para las élites, significa una economía fuerte.
Lo cierto es que gran parte de esa riqueza no se queda ni en Coahuila ni en México, por lo que ese crecimiento económico, esa prosperidad, no se ha reflejado en bienestar o prosperidad para las comunidades, ni para cada una de las personas que habitamos en este extenso territorio o transitamos por él, y si se queda es para muy pocos, los de siempre.
Por lo que ha podido documentarse hasta ahora, Coahuila ha estado y está gobernada por una red de personas que heredaron el poder económico, político, social y académico y siguen replicando una misma lógica de dominación sobre los y las trabajadoras a quienes, indebidamente, consideran siervos o esclavos. Este uso abusivo del poder es producto del clasismo elitista, del servilismo, de la discriminación y el racismo que la “clase política” imprime a su forma de gobernar, lucrando con los recursos públicos y con los bienes más preciados de todas y todos: la tierra, el agua, el aire, la identidad y arraigo de las personas y comunidades.
Lo que la clase política llama “desarrollo” para los trabajadores significa explotación, consumismo voraz para provecho de los privilegiados; ese desarrollo sacrifica a las personas, incluso a los políticos y élites, pues todas y todos consumen sus vidas en un esfuerzo estéril y acaban siendo presa fácil de enfermedades, malestares, frustración y estrés.
Durante los últimos 50 años en Coahuila hemos transitado de un esquema rural a otro urbano, el saqueo ha cambiado en sus formas, pero no en su fondo. El pueblo trabajador conserva su capacidad de verse a sí mismo como seres vivientes, como personas pensantes, capaces de tomar decisiones que afectan para bien o para mal nuestros cuerpos, familias, comunidades y territorios, ciudades y comunidades campesinas.
La perpetuación casi centenaria del Partido Revolucionario Institucional en el poder, agravada por cincuenta años de neoliberalismo, han provocado y agudizado graves problemas sociales, violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, diversos delitos y violencias contra las personas, principalmente mujeres, adultos mayores, infancias y juventudes.
Las y los coahuilenses padecemos diversas violencias directas cometidas por “las fuerzas del orden”: ejecuciones extrajudiciales, tortura, feminicidio, asesinato, desaparición forzada, violencia contra personas privadas de su libertad y en situación de calle, contra los y las migrantes nacionales y extranjeras, contra personas con preferencias sexuales diferentes.
Quienes vivimos en estos territorios padecemos el saqueo de tierras y aguas, la sequía y el hambre en el campo y en las poblaciones más alejadas, padecemos violaciones a los derechos laborales, a la vida, a la seguridad social, a la seguridad interpersonal, trata, explotación y violación de menores y un largo etcétera. No hay día que no se reporten abusos de autoridad de policías, de profesores en escuelas, de directivos en universidades y escuelas etc. Fruto de todo ello es el clima de violencia que suele imperar entre familiares, amistades, vecinos y estudiantes; se nos priva incluso del derecho a una muerte digna.
Estas violencias directas están sostenidas por las violencias estructurales que venimos heredando: desigualdad, pobreza, ignorancia, racismo, machismo, sexismo, misoginia, discriminación y explotación de las personas, los cuerpos, los bienes de la naturaleza y los territorios para medro y beneficio de la élite político-económica.
Actualmente en Coahuila enfrentamos retos y obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos humanos, como, por ejemplo:
- La búsqueda de 3,318 personas desaparecidas forzadamente y no localizadas en Coahuila, entre el 1 de enero de 1962 al 23 de noviembre de 202 3.[1]
- Las violencias ejercidas por actores no estatales, incluidos grupos del crimen organizado y particulares que ejercen una violencia patriarcal y machista en los hogares, familias, escuelas, espacios públicos y centros de trabajo.
- La complejidad de las redes macro criminales que pueden establecerse por tiempo prolongado y en vastos territorios al amparo de formas heredadas de ver la vida, las tradiciones y costumbres, normalizando que distintos actores negocien la seguridad mediante la militarización de los espacios públicos como ha venido sucediendo en los últimos 15 años, periodo que ya se tiene documentado.
- Se sigue protegiendo a funcionarios y funcionarias públicas que durante varias administraciones en el Estado y Municipios han incurrido en abusos de autoridad y en crímenes de lesa humanidad o han permitido que sigan cometiéndose, lo que significa un retroceso en la garantía del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la memoria y a la no repetición.
Migración. En los últimos años, con la pandemia y la crisis global, el flujo de migrantes procedentes de otras naciones cambió y se intensificó. Esta problemática se agravó en Coahuila porque es parte de la “Ruta Golfo”, territorio de tránsito para las personas en contexto de movilidad que se proponen llegar a Estados Unidos para solicitar protección internacional o asilo, o simplemente, para buscar un trabajo en mejores condiciones.
En los últimos años y meses elementos de la Policía del Estado han incurrido en actos indebidos en retenes de vigilancia. Se ha documentado que el retén de Monclova es un espacio de robo impune a personas migrantes, y de abuso sexual, el retén de Piedras Negras.
No ha sido cumplimentada una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, el Gobierno del Estado de Coahuila garantice la venta de boletos de transporte público a personas que los soliciten, sin que las empresas de transportación revisen el estatus migratorio y/o los pasaportes de los compradores, puesto que no son autoridad.
A pesar de que es una responsabilidad del Estado, la sociedad civil ha asumido gran parte de la atención a migrantes. Existen en el Estado, cuando menos, cuatro albergues con reconocimiento social local e internacional de un trabajo genuino de Derechos Humanos: Frontera Digna, Casa Emaús, Casa del Migrante de Saltillo y Refugio del Verbo Encarnado; y el Centro para el día Jesús Torres que anualmente atienden a más de treinta mil personas con un apoyo gubernamental mínimo.
Es fundamental conservar y fortalecer los procesos de acompañamiento al Programa de Integración Local que se desarrolla en coordinación con la Oficina de Naciones Unidas para Refugiados, la sociedad civil, diversas empresas de la región y los gobiernos comprometidos con una integración y multiculturalidad que beneficia a todos. Entre 2015 y 2020, llegaron a vivir en Coahuila 83,587 personas, procedentes de otras entidades, principalmente Veracruz, Nuevo León, Durango, Chihuahua y Chiapas. [1]
Desaparición forzada. La desaparición forzada es una tortura que no termina hasta que no se sepa de su paradero o suerte. En este tenor, existe también un aumento de personas migrantes desaparecidas, sobre todo en la frontera con Estados Unidos, principalmente en Ciudad Acuña y Piedras Negras. Aunque en un primer momento, la Comisión Estatal de Búsqueda atiende el reporte, no se ha creado una estrategia que ayude a disminuir este tipo de violencias, mucho menos una política de Estado que atienda la problemática.
Continúan también las desapariciones en que están implicadas las autoridades municipales y/o estatales. Jóvenes torturados por servidores públicos, delitos que no son esclarecidos sin castigo a los responsables.
Se han dado casos de jóvenes desaparecidas, sobre todo adolescentes contactadas a través de las redes sociales o por sus exparejas, quienes fueron las que las vieron por última vez. La investigación no ha sido interdisciplinaria y sin teoría del caso para determinar que sucedió, quiénes están involucrados en las desapariciones y cómo se puede analizar el contexto como herramienta de prevención.
También una gran parte de las desapariciones forzadas e involuntarias en Coahuila tuvieron lugar una década atrás. Se ha documentado que las carpetas de investigación no se analizan en su conjunto y se archivan. Cada vez que las familias acuden a preguntar si se ha avanzado en su caso, reciben una respuesta negativa y en muchas ocasiones, indiferente de parte del Ministerio Público.
La situación en el campo. Es sumamente grave la sobre explotación de los mantos subterráneos para la industria, la agro empresa, los desarrollos inmobiliarios y proyectos extractivistas como Ciudad Derramadero y Vinos y Dinos. Este modelo de desarrollo gentrifica el campo, condena a muerte a los ejidos y pone en riesgo a toda la región, pues la falta de agua compromete seriamente las ya escasas posibilidades de que sobrevivan la ciudad de Saltillo y su región circunvecina.
Las deplorables condiciones de vida en las colonias periféricas de las grandes ciudades, habla muy claro del verdadero propósito del desarrollismo que impulsan las élites políticas y económicas: extraer la máxima ganancia con la mínima inversión y en el plazo más breve posible. La engañosa prosperidad de este modelo va a parar a los centros financieros internacionales, dejando a la gran mayoría de la población coahuilense en una miseria y dependencia cada vez mayores, tan sólo en comparación con 2010, la población en Coahuila creció un 14.5% y para este año viven 877,124 niñas y niños de 0 a 15 años, que representan el 28 % de la población de la entidad. En 2020, 21.3% de la población se encontraba en situación de pobreza moderada y 2.3% en situación de pobreza extrema. La población vulnerable por carencias sociales alcanzó un 26.6%, mientras que la población vulnerable por ingresos fue de 11.3%[2].
Continúa a toda marcha la vieja política de castigar los precios de los productos campesinos. El campo coahuilense continúa en total abandono en materias de salud, educación, seguridad y servicios públicos, etc.
En resumen, sigue negándose a los y las campesinas la posibilidad de desarrollar una economía basada en las actividades que les son propias, en sus saberes y destrezas, a saber: La milpa, la crianza de animales, el beneficio de la fibra de lechuguilla y la cera de candelilla. Este abandono empobrece a toda la comunidad y condena a los campesinos a trabajar en la maquila, en condiciones esclavizantes de salario, horarios, seguridad y salud.
Derecho a la movilidad. En el tema de la movilidad Coahuila no ha garantizado este derecho, provocando una epidemia que nos está condenando a padecer comunidades antisociales, insostenibles, desiguales y profundamente ineficientes.
La ausencia de políticas públicas efectivas en materia de movilidad tiene los siguientes pendientes:
- La Armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) y sus consiguientes modificaciones o creación de reglamentos municipales para garantizar el derecho humano a la movilidad.
- La implementación de la Estrategia Nacional de Movilidad (ENAMOV) que es el documento base para el diseño de políticas, planes y acciones en materia de movilidad y seguridad vial.
- La recuperación y rehabilitación de las áreas urbanas como espacios públicos para la sociedad en general.
- Terminar con el círculo vicioso de las redes del ineficiente transporte público colectivo y a su vez el fomento del vergonzoso primer lugar nacional en uso de transporte de personal para ir al trabajo.
- La implementación y diseño de un sistema de movilidad multimodal.
- Políticas públicas para desincentivar el uso del automóvil particular y de alquiler, así como promover el uso de la activación ciudadana.
- Desarrollo de proyectos que solucionen la movilidad y no el tránsito vehicular.
- Impulso al derecho a la ciudad que todo habitante debe tener de poder disfrutar de ella.
- La disposición de intervenir en mejores redes peatonales como parques, plazas, zonas verdes, mobiliario y equipamiento que generen áreas públicas más funcionales, equitativas y saludables.
- La desinstalación y desnormalización del “carro centrismo”, se ha promovido el ensanchar calles para albergar un parque vehicular que crece sin control y que demanda cada vez más superficie, desplazando y haciendo la ciudad insegura para el peatón.
- Reducir el aumento de víctimas por siniestros viales promoviendo infraestructura que garantice la seguridad vial.
Los cambios en la legislación en materia de movilidad en Coahuila se han circunscrito a modificaciones de la normatividad existente, evitando una modificación profunda como ha sucedido en otros estados, impidiendo con ello que pueda existir un avance importante hacia un modelo eficiente y sostenible que nos aliente, y al mismo tiempo nos obligue a refrendar el compromiso y redoblar esfuerzos para continuar con la implantación de la movilidad como un derecho humano, buscando que las personas ejerzan su derecho constitucional y universal a la movilidad en forma accesible, inclusiva, segura, eficiente y sostenible.
Libertad de expresión. Uno de los temas más complejos en el país y particularmente en Coahuila, es el ejercicio irrestricto de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Si bien parece que esta libertad existe y se respeta ese derecho, en realidad es una simulación, pues se ha documentado que funcionarios de alto nivel envían mensajes para dictar la línea estatal a los medios de comunicación desde sus oficinas.
Están documentadas numerosas dádivas oficiales a través de convenios de publicidad y/o entregadas debajo de la mesa a reporteros y columnistas mediante partidas presupuestales amañadas, para promocionar supuestos logros de los gobernantes.
Se desprestigia y criminaliza a quienes investigan irregularidades y dan a conocer las redes de complicidad que existen entre autoridades, empresas y grupos criminales; se amenaza con llamar a los jefes de las redacciones para que sancionen a quien haga “preguntas incómodas”, se cambia de fuente a tal cual reportero o reportera porque tuvo el “atrevimiento” de preguntar e investigar.
Se “dicta la línea” justo para hacer preguntas a modo, o simplemente se evita la presencia de quien pueda cuestionar sobre temas relacionados con actos de corrupción, impunidad, malos manejos o violaciones a los derechos humanos, principalmente si se trata de mujeres periodistas. Todo ello sin que les importe que se trata de personas que están ejerciendo su derecho a defender los derechos humanos, la libertad de expresión y de manifestación y exigiendo que se respeten.
Los derechos de las mujeres, las niñas y niños. Otro tema de preocupación son las infancias y las mujeres. En la última década (2010-2019) Coahuila ha permanecido seis años en el primer lugar en alumbramientos de madres adolescentes, tres años en segundo lugar y un año en tercer lugar. Un ranking de salud pública que no tiene nada para ser presumido.
En el Primer informe de maternidad infantil y adolescente en Coahuila 2019, a cargo de la asociación civil Matatena, se refiere que en 2019 se reportaron 9 mil 948 alumbramientos de niñas madres y adolescentes madres de 11 a 19 años, esto revela los grandes retos que la sociedad enfrenta para garantizar infancias felices. [3]
El mismo Poder Judicial reportó un aumento del 35 por ciento en los casos de abuso sexual contra menores de edad en Coahuila, antes de la pandemia se tuvo noticia de 520 casos de abuso sexual, cifra que se disparó sustancialmente hasta más de 700 tan sólo en el último año. [4]
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)2021 estima que, en Coahuila, el 72.3% de las mujeres de 15 años o más, experimentaron algún tipo de violencia, psicológica, física, sexual, económica o patrimonial a lo largo de su vida y 45.9% en los últimos 12 meses. El 34.4% de la población femenina de 15 años y más, ha experimentado situaciones de violencia en la escuela a lo largo de la vida. Mientras que el 23.4% vivió este tipo de violencia en los últimos 12 meses. La encuesta también estima que, en Coahuila, del total de mujeres de 15 años y más, 35.4% experimentó algún tipo de violencia en la infancia. [5]
En una década, desde que se tipificó la muerte violenta de mujeres como feminicidio, Coahuila registra 171 asesinatos de odio. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, al cierre del 2022, la entidad reportó 24 casos, en sólo tres hay sentencia con fallo en contra del agresor. [6]
Suicidios en aumento. Finalmente, y no menos importante, con una tasa anual de suicidios que llega a 8.6 decesos por cada 100 mil habitantes, Coahuila supera la media nacional de 6.2, pero con la agravante de que, entre los suicidas, el número de niños y adolescentes es cada vez más notorio. [7]
Un estado militarizado. Las autoridades de Coahuila se jactan de haber logrado la paz en nuestro Estado, pero ¿a qué costo? ¿De entregarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional conocida como la SEDENA?
Ya existe en Coahuila la XI Región Militar ubicada en el Municipio de Torreón; la Sexta Zona Militar en Saltillo y la 47, recién inaugurada en Piedras Negras que abarca las regiones Carbonífera y Norte del Estado y queda al mando de la Guarnición Militar de Ciudad Acuña, el 12/o Regimiento de Caballería Motorizado con sede en Piedras Negras, así como el 14/o Regimiento de Caballería Motorizado ubicado en Múzquiz; el 26/o Regimiento de Caballería Motorizado y la 10/a Compañía de Infantería No encuadrada; ambas en Ciudad Acuña. También se han creado cuatro mega cuarteles: uno en San Pedro, otro en Acuña, uno más en Piedras Negras y el último en Frontera-Monclova; y nueve bases militares. En total Coahuila tiene 18 espacios para militares, sumando un hospital militar y una escuela militarizada ubicada en Piedras Negras.
Tengamos presente que la entidad fue parte del experimento llamado “Modelo Coahuila”, en el que exmilitares estuvieron al frente de la Secretaría de Seguridad Pública durante los años de mayor violencia; y que elementos de la Policía Estatal fueron formados con disciplina militar, a pesar de ello, o tal vez por ello mismo, estos policías han sido denunciados por graves violaciones a los derechos humanos.
Otras problemáticas. Existen muchas más problemáticas que no se abordan ahora, pero las nombramos. Los mineros en la región carbonífera, la huelga en Altos Hornos de México y que ha causado desempleo en la zona de Monclova y municipios a su alrededor; la falta de agua en la mayoría de los municipios, pero sobre todo en la Laguna. El mal manejo de las instituciones estatales de salud, de educación y sindicatos que han desatendido a cientos de maestros jubilados; etc.
Conclusiones. Los derechos humanos son intrínsecos, nos pertenecen solo por nacer, nadie los debe de quitar; el Estado debe de vigilar para que se cumplan, se respeten, se garanticen para cada persona que vive o pasa por estos territorios. Por lo mismo, decimos que, hasta ahora, el Gobierno de Coahuila no ha cumplido con su deber de respetar, proteger y garantizar estos derechos. Mientras una sola persona sea violentada por uno de ellos, ya sea privación de la propia vida, que no pueda acceder a la salud, educación, alimentación, vivienda, una vida digna, etc., estos seguirán violándose, es necesario no solo respetarlos, sino transformar la enorme desigualdad de poder que hay entre unos y otras, des aprender las violencias y formas de opresión, abordar los daños e impactos producto de estos sistemas opresivos y buscar en conjunto soluciones locales a problemas globales.
Por otra parte, como sociedad civil, movimientos organizados, seres humanos conscientes nos toca defenderlos, nos toca denunciar, presionar, exigirlos para que se cumplan, se respeten, se integren en nuestra vida y formas de relaciones. Mientras esto no suceda, las autoridades seguirán simulando su trabajo.
¡Los derechos humanos son nuestros!
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M)
Casa del Migrante Saltillo
Colectivo Sí a la Vida
Transporte Digno Saltillo
Nueva Constituyente, Ciudadana Popular, Coahuila
Alma Rosa García Guevara (defensora de derechos humanos)
Jackie Campbell (defensora de derechos humanos)
Camelia Muñoz Alvarado (periodista)
Fray Raúl Vera López, O.P.
Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
[1] https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico
[2] Información disponible en: https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/coahuila-de-zaragoza-co?totalAndInformalJob=genderOption&totalGenderSelector=totalOption#budget-transparency
[3] https://www.zonadocs.mx/2021/07/20/coahuila-10-anos-con-record-de-madres-adolescentes/
[4]https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2023/nunca-como-ahora-ha-habido-tantos-abusos-de-menores-advierte-magistrado-presidente-del-tribunal-superior-.html
[5] Ver datos en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/05_coahuila.pdf
[6] https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/05/09/feminicidios-en-coahuila-sandra-y-lucero-son-asesinadas-en-ramos-arizpe/
[7] https://espacio4.mx/coahuila-el-quinto-estado-con-mayor-numero-de-suicidios-infantiles-inegi/